Representantes del sector de la alimentación, del pequeño comercio, de la distribución, así como los sistemas integrados de gestión de residuos como Ecoembes o Ecovidrio han expresado su "preocupación" ante la posibilidad de que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que este miércoles se debate en el Senado "abra la puerta" a la implantación de un Sistema de Depósito de Devolución y Retorno (SDDR) que consideran "perjudicial" para sus intereses y para los de los consumidores.
En una rueda de prensa conjunta, han señalado que el proyecto de ley dará la opción al Gobierno de implantar este sistema de reciclaje "sin más condición que un estudio de viabilidad", excluyendo, a su juicio, a comerciantes, distribución, industria envasadora y recicladores, de la posibilidad de decidir una cuestión que les afecta directamente por ser los responsables de su financiación y gestión.
Para la directora del departamento de Medio Ambiente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Paloma Sánchez, el SDRR tiene "varias consecuencias": el desembolso por parte del consumidor de una cantidad inicial por cada envase retornable; los comerciantes tendrían problemas de espacio y logística y la industria debería hacer cambios en el sistema de embalajes. "La economía española tendría que asumir unos cambios que no tienen demanda social porque España cumple holgadamente los objetivos de reciclaje de la Unión Europea", ha insistido.
Además, ha criticado el SDDR porque únicamente sirve para reciclar vidrio, plástico, acero y aluminio, es decir un 25 por ciento de los envases que ya gestionan en la actualidad Ecoembes y Ecovidrio. En su opinión, el SDDR supondría "duplicar el sistema".
MÁS DE 450 MILLONES DE EUROS EN MÁQUINAS RECUPERADORAS
Asimismo, estiman que el coste de implantar el sistema SDDR tendría un coste estimado de unos 465 millones de euros en las máquinas más otros 500 millones de euros anuales en gestión para "tan solo aumentar un dos por ciento la tasa de reciclaje". Es decir, se necesitarían aproximadamente unas 20.000 máquinas para devolución de envases que cuestan, cada una, unos 20.000 euros. A este coste de instalación habría que sumar las cintas transportadoras, las máquinas compactadoras de envases, las plantas de conteo, o el lucro cesante por la pérdida de espacio para venta o almacén.
En ese sentido, el secretario general de la Confederación Española de Comercio, José Guerrero, ha expresado la "enorme inquietud" por la repercusión para el pequeño comercio que "pasa por momentos dramáticos" a causa de la crisis económica y que incluso podría llevar al cierre de varios establecimientos que tienen una "capacidad financiera mínima".
Guerrero ha asegurado que de los 91.000 comercios a los que les afectaría esta Ley, unos 80.000 se van a ver imposibilitados para implantarlo y les ocasionará un gasto que "muchos no podrán asumir" así como limitaciones de espacio, por lo que se verán obligados a acudir a un sistema manual.
Igualmente, ha lamentado su "sensación de inseguridad jurídica" y ha pedido apoyo al pequeño y mediano comercio". En esa línea, Idoia Marquiegui de ANGED considera que el SDDR también crearía problema a las empresas de distribución y que los clientes se verían afectados porque tendrían que esperar a la devolución de los envases. "Esto no supone una mejora respecto a los contenedores", ha subrayado.
Mientras, el director general de la Asociación Española de Distribución, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) ha defendido que el sistema de distribución de España es "uno de los mejores de la Unión Europea" y que eso se ha conseguido por los tamaños de las tiendas, que permiten una buena distribución y gran surtido de productos (entre 8.000 y 10.000) con precios más asequibles que en el resto de Europa.
MAXIMIZAR EL ESPACIO COMERCIAL
"La base de este desarrollo está en maximizar el espacio comercial y esto se debe a que nosotros no recogemos desde 1997 los envases en nuestras tiendas", ha añadido, al tiempo que ha exigido que se permita a los sectores económicos afectados decidir cuál es el mejor sistema.
Por su parte, el director general de la asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Aurelio del Pino, ha manifestado su descontento porque se deberá aumentar el personal de los establecimientos para que identifiquen y seleccionen los envases, algo que, a su juicio, es un aumento de costes que no ofrece beneficio ni a la empresa ni al consumidor. "Esto afecta a todo el sector comercial, industrial, pero sobre todo a los consumidores", ha apostillado.
Mientras, el director general de Ecoembes, Melchor Ordóñez, ha subrayado que España ha llegado a los objetivos de reciclaje, ya que se supera el 59 por ciento, con unos 500.000 contenedores amarillos y verdes distribuidos en todo el país. A este respecto, ha dicho que se recuperan el 65,9 por ciento de los envases, es decir, que dos de cada tres envases que se ponen en el mercado, son recuperados.
El director de Ecovidrio, Javier Puig de la Bellacasa, ha insistido en que el SIG es "perfectamente viable y funciona bien" por lo que rechaza la idea de que el consumidor abone hasta 0,25 euros más por envase cuando el SIG tiene un coste por envase de 0,01 euros. "Lo importante no es quién esté detrás del sistema, sino que el sistema de gestión sea mejor o peor", ha concluido. Finalmente, ha asegurado que el SDDR es "mucho más caro", por lo que "no hay necesidad de implantarlo cuando lo actual funciona".
Igualmente, el director general de ASEDAS ha solicitado que dejen a los sectores alcanzar los objetivos de la forma que ellos consideren, así como una mayor seguridad jurídica hacia el futuro. "La manera como se está tramitando esta ley no beneficia a los intereses de las empresas que representamos", ha afirmado.
Finalmente, el director de empresas adheridas y comunicación de ECOEMBES, Antonio Barrón, ha recordado que la ley obliga al fabricante a responsabilizarse de los envases puestos en el mercado, algo que se puede hacer mediante sistema de retorno individual o mediante un sistema integrado de gestión colectivo. Barrón ha adelantado que los distintos SIG aspiran y tienen previsto llegar al 74 por ciento del total de envases adheridos al sistema en los próximos cuatro años.