En los últimos ejercicios se han perdido 48.000 empleos en el sector de la energía fotovoltaica en nuestro país, pasando de emplear de 60.000 personas a 12.000 en los últimos años.
Así por ejemplo, en Castilla y León, primera comunidad española por número de fábricas solares, en los últimos ejercicios, la industria fotovoltaica ha perdido unos 2.000 empleos. Si hace no mucho llegó a dar trabajo de forma directa a 4.000 personas, ahora apenas supera los 2.000 puestos de trabajo, cuando en 2010 rozaba los 2.500.
En este sentido, la principal demanda del sector es lograr estabilidad jurídica para que éste pueda planificarse. "Unas reglas de juego claras y que no cambien", ha exigido Tomás Díez, responsable de Relaciones Externas de Cylsolar, quien advierte de que con cuatro decretos diferentes durante cuatro años no hay empresa que pueda planificar. Un capítulo en el que, según recuerda, tienen mucho que decir tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, también con competencias en este ámbito.
Juan Guerrero, presidente de Cylsolar, ha reconocido que en lo que se refiere a la parte industrial, se sienten bastante apoyados por las regiones. Además, ha subrayado que Castilla y León es una de las comunidades más proclive a la energía fotovoltaica, a la que considera sector estratégico.
Además, el sector reclama el desarrollo del autoconsumo, es decir, el derecho a que la sociedad produzca y se abastezca de la propia electricidad que genera, en el que la energía fotovoltaica parte con ventaja respecto a otras fuentes porque se puede producir donde se consume mediante paneles solares. La simplificación administrativa es la tercera gran demanda del sector. En este aspecto, lamenta que los ciudadanos tarden hasta dos años en recibir la autorización para colocar una placa en su casa.